El alto tribunal da la razón al recurso de los ecologistas y los socialistas contra la Ley Regional del Suelo.
El Tribunal Constitucional ha tumbado la Ley Regional del Suelo en un fallo que afecta directamente al proyecto de Marina de Cope. Después de más de diez años, el alto tribunal ha sentenciado a favor de los demandantes; colectivos ecologistas encabezados por la asociación Prolitoral que fueron apoyados por el PSOE, principalmente el Grupo Parlamentario en el Congreso y la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona.
El recurso contra la ley del Suelo de la Región de Murcia pedía anular la recalificación de unas 11.000 hectáreas de terrenos protegidos junto a la costa, equiparando terreno de alto valor por otro con una figura de protección distinta. Tal modificación dejó desprotegida a una gran parte de Marina de Cope, donde el Gobierno regional promueve uno de los mayores complejos urbanísticos del Mediterráneo. Dicho proyecto quedó paralizado debido a la crisis económica. Su tramitación administrativa finalizó meses atrás.
El Tribunal Constitucional ha declarado nulo e insconstitucional la disposición adicional octava de la norma. El recurso fue suscrito en el año 2011 por 65 diputados del Grupo Parlamentaro Socialista en el Congreso de los Diputados. El precepto anulado decía que los límites de los espacios naturales protegidos se ajustarían a los límites de los lugares de importancia comunitaria. De esta forma, el Gobierno regional desprotegió zonas del litoral, entre ellas la de Marina de Cope. El alto tribunal dice en su sentencia que las categorías de espacio natural protegido y de lugar de interés comunitario (LIC) “no son equivalentes”. El Gobierno regional está evaluando la sentencia.
El proyecto
La iniciativa para urbanizar este tramo de la costa regional, declarada Actuación de Interés Regional en 2004 por el Ejecutivo de Valcárcel, tiene como objetivo crear 20.000 plazas turísticas y residenciales en la costa de Lorca y Águilas en un enclave rodeado por un LIC y un parque regional. Es uno de los planes estrella del Gobierno regional para reactivar el turismo. En total, se había autorizado la construcción en la mitad del total de 21,2 millones de metros cuadrados, con una densidad máxima de 0,14 metro cuadrado sobre metro cuadrado edificable. El Ejecutivo, además, había recortado a la mitad los plazos administrativos para sacar adelante los proyectos estratégicos.
Según el proyecto, el enclave contaría con una planta fotovoltaica y otra de regasificación; así como una estación depuradora de aguas residuales para una población estimada de 40.000 personas. El suelo está clasificado como urbanizable turístico residencial. Aparte están los sistemas generales. La futura urbanización -ahora en suspenso- es colindante con los Lugares de Interés Comunitario (LIC) terrestres y marinos, así como el Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre. La superficie afectada es de 21,2 millones de metros cuadrados, de los que 940.514 metros corresponden a los dominios públicos existentes.
La urbanización tendría una marina interior para 2.000 embarcaciones, sujeta a condicionantes ecológicos y paisajísticos de diferente categoría, ya que afectaría a los medios marino, litoral y de interior. De esta forma, la construcción de instalaciones y edificios en la zona litoral cercana a la entrada de la marina podrían obstruir la visualización del horizonte marino, por lo que los inmuebles no podrían tener más de 10 metros de altura.
La superficie para las parcelas netas destinadas a usos turísticos y residenciales aprobada es como máximo del 50% del ámbito total, con la prohibición de construir dentro de los 500 primeros metros; salvo hoteles, y fuera de las franjas paisajísticas.