El Gobierno y una norma para el autoconsumo electrico

Puede un ciudadano particular producir energía para cubrir sus necesidades e incluso vender el excedente, si se diera el caso? La respuesta es simple: con la actual regulación, no. Con la futura, que ha tomado la forma de un nuevo proyecto de real decreto y que ya está en manos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el sueño del autoconsumo y de la independencia de las grandes compañías puede estar más cerca.

El proyecto de real decreto de conexión de redes de baja potencia sustituye, entre otras, a la norma del año 2000 que regulaba la conexión de las instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. Establece un procedimiento más ágil para instalaciones de pequeña potencia, por debajo de 10 KV; desarrolla el concepto de “generación distribuida” (una variante del “yo me lo guiso…”) en materia de generación de energía, y elimina trámites burocráticos.

El proyecto se considera un paso adelante por las asociaciones de renovables. Se avanza en el objetivo de que los dueños de pequeñas instalaciones (fundamentalmente paneles solares en tejados) puedan consumir la energía que producen. En la actualidad, el productor (que ha tenido que aportar aval bancario y acordar la conexión con su eléctrica) tiene que volcar la energía que produce a la red. A cambio, recibe una prima. Con la nueva norma se abre una puerta importante al cambio. El decreto contempla el desarrollo de un procedimiento para fijar el “mecanismo de venta”, de forma que el particular pueda calcular el saldo de energía producida y consumida para avanzar en la autosuficiencia.

Pero ningún camino es llano por completo. El proyecto, destacan en el sector de renovables, da un plazo de seis meses para el desarrollo de ese “mecanismo de venta” a partir de la aprobación de la nueva norma. Es mucho tiempo. Tanto que los más recelosos creen que se traslada la responsabilidad de potenciar el consumo frente a las grandes compañías al Gobierno que salga de las próximas elecciones. Greenpeace también ha presentado alegaciones al proyecto. La organización ecologista cree que lograr que cualquier edificio pueda producir y consumir la energía que necesite requeriría acciones más decididas y mejorar el borrador.

Greenpeace pide, como modificación fundamental, “excluir a las instalaciones que se acojan al real decreto de los cupos de potencia que establece el Gobierno”. Como las empresas fotovoltaicas, Greenpeace sostiene que la electricidad producida en estas pequeñas instalaciones alcanzarán pronto la llamada “paridad de red”, es decir, que costará menos la electricidad producida con ellas que la que suministran las eléctricas. Será todo un incentivo al autoconsumo. El sector pide además que se elimine la exigencia de depositar un aval bancario.